Chile bajo presión: múltiples crisis aumentan incertidumbre en torno a proceso constituyente
En medio de una crisis sanitaria, económica y social, y con su presidente en su peor momento, Chile se encamina a una histórica elección constituyente, que podría dejar atrás un modelo fuertemente cuestionado.
La crisis por el COVID, que en Chile tiene a los hospitales saturados , con un alto nivel de contagios y muertes, va a la par de otra crisis, social y política. “Venimos arrastrando desde hace tiempo una acumulación de tensiones en la ciudadanía, un malestar que se ha transformado en enojo y terminó en ira”, dice a DW Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad de Concepción.
Tras el estallido social de 2019, en que la población se manifestó masivamente por mayor equidad, acceso a salud y educación y pensiones dignas, y el triunfo por casi un 80% de la opción de redactar una nueva Constitución en el plebiscito de octubre pasado, el próximo 15 y 16 de mayo el país elegirá miembros de la Convención Constituyente. Pero los ánimos no se calman.
“La situación en Chile se encuentra en una fase crítica: casi un 70 % de la ciudanía considera que el país vive la peor crisis política desde el retorno a la democracia. La esperanza de un cambio estructural del sistema político y económico y de la redistribución del poder que demandó el estallido social con el anhelo de una nueva Constitución es un proceso de resultado aún incierto”, indica a DW Gitte Cullmann, directora de la oficina regional para el Cono Sur de la Fundación Heinrich Böll.
El largo confinamiento por la pandemia y la fragmentación de las fuerzas políticas que podrían impulsar este proceso de cambio son algunas razones de la crisis, señala Cullmann. “El presidente tiene un índice de aprobación muy bajo. Menos de un 10 %”, subraya. Y todavía le quedan diez meses de gobierno.
A esto se suma una creciente desconfianza en las instituciones, desde la Iglesia católica hasta los partidos políticos, debido a diversos casos de abuso de poder, corrupción y colusión en el comercio. “En el campo del financiamiento ilegal de la política, solo un parlamentario ha sido condenado a cárcel”, comenta Astroza.
El gobierno es cuestionado también por los casos de represión policial durante las protestas, que dejaron una treintena de fallecidos y más de 300 casos de lesiones oculares. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado más de 3350 querellas por vulneraciones a los derechos humanos.
Tensa calma en el confinamiento
El encierro obligado, con cuarentenas y toque de queda, ha mantenido a raya las protestas, pero al mismo tiempo crece el malestar. Confiado en la exitosa vacunación, el gobierno descuidó la comunicación de riesgo y las medidas para frenar los contagios. Hoy Chile registra más de 33 mil muertos.
“Aunque tiene una tasa de vacunación muy alta, sigue con casos nuevos de contagio extremadamente altos. Desde hace cuatro semanas una gran parte de la población está en cuarentena y puede salir solamente con un permiso policial. Gran cantidad de personas que trabajan por un sueldo mínimo o en el sector informal no pueden cumplir las medidas sanitarias, porque no tienen suficientes recursos para sobrevivir”, señala Cullmann. En su opinión, “el paralelismo de la crisis política y sanitaria demostró la enorme vulnerabilidad de la sociedad chilena”.
“En Chile hay una gran desigualdad y no es solamente de ingreso, sino de trato y acceso a servicios como salud, vivienda y educación”, apunta Astroza. Las ayudas directas del gobierno no han sido suficientes y, ante la necesidad, los trabajadores han debido recurrir a sus ahorros previsionales. El Congreso acaba de autorizar el tercer retiro del 10% del fondo de pensiones. A la fecha, más de diez millones de afiliados han retirado casi 35 mil millones de dólares. Esto alivia a las familias, relaja tensiones e inyecta capital a la economía, pero tendrá consecuencias en las futuras rentas.
¿Nuevo estallido?
Además de la baja aprobación, el presidente enfrenta denuncias en Chile y el exterior. Un juzgado de Santiago acogió a tramitación una acción penal, presentada por el abogado Luis Mariano Rendón, por negligencia en el manejo de la pandemia. Al mismo tiempo, el ex juez español Baltasar Garzón -el mismo que logró la detención de Augusto Pinochet en Londres-, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y organizaciones internacionales denunciaron a Sebastián Piñera en la Corte Penal Internacional en La Haya, por lo que califican como crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las protestas.
“Esto afecta mucho la imagen internacional de Chile y de Piñera, que ya venía desgastada por otras decisiones del gobierno en materia migratoria o por no haber querido firmar el acuerdo de Escazú”, asegura Astroza.
Faltando 11 días para la elección de los 155 constituyentes, el todavía alto nivel de contagios pone en riesgo los comicios, que ya fueron postergados una vez. “La situación hoy está muy frágil. Todavía estamos sobre una tensión que se adormeció con la pandemia, pero pasa el tiempo y de nuevo hay señales de que, si no es bien gestionado, esto puede tener una salida no institucional o de otro estallido”, alerta Astroza.
Sobre el diálogo impulsado por la presidenta del Senado con el Gobierno y los partidos políticos para mejorar las ayudas y buscar una fórmula de renta básica universal, Astroza no es demasiado optimista. “No estamos en el mejor escenario para lograr consensos”, señala.
“La élite no está preparada para la modernización del sistema económico con la reforma fiscal, la reforma de las pensiones, educación, salud. Pero sin un impulso de modernización es imposible estabilizar el país. Si las grandes demandas de un cambio estructural -económico, político- no se cumplen y si la desigualdad, que se reforzó y se visibilizó por la pandemia aún más, sigue al mismo nivel, no se puede descartar un nuevo estallido a mediano plazo”, advierte Cullmann.