Inhabilitan a Guaidó, no podrá ejercer cargos públicos en Venezuela
La medida se extiende también a otros 27 diputados en el exilio. Los señalados recuerdan que no reconocen la legitimidad del Contralor General del país, pero opinan que estas sanciones lastrarán el eventual regreso de la oposición a la vía electoral.
El Contralor General de Venezuela inhabilitó para ejercer cargos públicos a 28 diputados, entre los que sobresale el líder opositor Juan Guaidó, considerado presidente interino del país por medio centenar de gobiernos del mundo.
Elvis Amoroso, un exdiputado del Partido Socialista Unido de Venezuela -y al que Estados Unidos sancionó en 2017- reveló que las medidas obedecen a que los parlamentarios no presentaron su declaración jurada de bienes.
Detalló que la decisión abarca “el período máximo previsto en el decreto contra la corrupción”, es decir, 15 años, hasta el año 2036. Según el funcionario, los legisladores “se negaron a declarar porque ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente” y prometió revelar precisiones sobre ello en días próximos.
Además de Guaidó, la lista de políticos venezolanos inhabilitados incluye a Julio Borges, máximo representante internacional del líder opositor, y a otros diputados que se encuentran en el exilio, como Tomás Guanipa, Ismael García, Armando Armas, José Manuel Olivares y Mariela Magallanes.
También, están incluidos los diputados Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, que acompañaron a Guaidó en la última directiva parlamentaria, y Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz.
Américo De Grazia, otro de los inhabilitados, que reside en Italia, considera que la sanción es “una raya más para un tigre”, luego que el madurismo lo obligara al exilio, le despojara de su emisora radial y su pasaporte, le dictara auto de detención e, incluso, le golpeara -cuenta- en no menos de cuatro oportunidades.
“Que me inhabiliten por 15 años más es una raya más para un tigre”, afirmó a la Voz de América. El legislador dijo comprender a sus colegas que, al residir en Venezuela, deban rendir cuentas o entregar reportes de sus finanzas personales a instituciones como Amoroso, a quien llama “usurpador”.
Las inhabilitaciones se conocen en momentos cuando no pocos partidos de la oposición venezolana contemplan la posibilidad de participar en las elecciones regionales de este año, en contra de la opinión de Guaidó.
Ocurren, asimismo, días luego de que la Unión Europea aprobara nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que tuvieron roles protagónicos en las elecciones legislativas de diciembre pasado, que los países del bloque no reconocen por no haber cumplido con las mínimas garantías de una votación limpia, justa y transparente.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia registró hasta 2017 al menos 1.400 inhabilitaciones políticas en Venezuela, entre 2002 y 2017. Entre los dirigentes que han sido afectados por esas medidas están Henrique Capriles Radonski y Manuel Rosales, excandidatos presidenciales, y Leopoldo López, mentor de Guaidó y que abandonó Venezuela rumbo a España en octubre de 2020.
Autoridad “Usurpada”
Guaidó valoró el anuncio del contralor general de Venezuela como “acciones de la dictadura que cierran la puerta a unas elecciones libres” y reiteró su compromiso en procurar activamente el regreso de la democracia al país.
“Amenacen todo lo que quieran que nosotros seguimos aquí trabajando”, escribió en su cuenta de Twitter. Un comunicado de su despacho resaltó posteriormente que las “supuestas inhabilitaciones” a Guaidó suman más de 60 años de sentencias “sin valor práctico”.
La contraloría general ya había sancionado a Guaidó en marzo de 2019 y lo había inhabilitado por 15 años por presuntas “inconsistencias” entre su nivel de ingresos y su nivel de gastos, en referencia a sus viajes al exterior desde 2015.
“Esta nueva acción contra el Presidente Guaidó y contra nuestros diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela”, rezó el texto divulgado por sus colaboradores.
Ismael García, uno de los inhabilitados, recordó que la oposición y la comunidad internacional no reconocen a Amoroso como funcionario legítimo debido a su designación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya convocatoria en 2018 no se consultó en referendo popular.
“El artículo 138 de la Constitución establece que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos, nulos”, declaró a la VOA desde su exilio en Costa Rica.
García consideró que las sanciones nacen del “chantaje, la intimidación y la persecución” del madurismo, y advirtió que hacen flaco favor a las eventuales negociaciones de alto nivel que pudiera haber para zanjar la crisis venezolana.
“Maduro siempre buscará todos los caminos que permitan desmotivar la participación y el voto. En la práctica, no ganaría ninguna elección con alguna condición o garantía”, remarca.
Tras reprochar la “conducta moral” y el pasado político de Amoroso, García estimó que la inhabilitación más notoria en Venezuela es la crisis en sí misma, marcada por la hiperinflación, la escasez y las complicaciones sanitarias durante la pandemia del COVID-19. “Tenemos a un pueblo inhabilitado”, dijo.
Amoroso, en su conferencia de prensa, pidió a la comunidad internacional “respeto y consideración” a sus decisiones. “Estos ciudadanos no se han ajustado a derecho”, justificó el funcionario madurista.
Guanipa, primer vicepresidente de la directiva parlamentaria de 2020, dijo en Twitter que le tenía “sin cuidado” lo que Maduro y “sus cómplices” hicieran para sancionarle. “Que el usurpador de la Contraloría haga un anuncio de inhabilitaciones es algo que simplemente desconocemos”, indicó.
Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y dirigente de la oposición asilado en España, llamó a Amoroso “sicario de un régimen ilegítimo” y estimó que una inhabilitación de su parte no debe considerarse como un castigo, sino un honor.